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Autoridad analiza opciones para caducar contrato de Aguas Chañar

Contrato entre Econssa y la sanitaria fija sólo cuatro vías para la anulación.

(Diario Financiero) La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas, está analizando las alternativas disponibles para tratar de caducar el contrato de Aguas Chañar, la firma que ofrece el servicio sanitario en la Región de Atacama.

El titular de la SISS, Rolando Bruna, asistió ayer a la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, donde explicó que tras las graves fallas registradas en el último tiempo por esta firma, están analizando todos los mecanismos que la regulación y el contrato que ésta tiene con Econssa, la estatal que tiene la concesión en la zona, con el objeto de velar por la mejor calidad de la inversión y el servicio que se presta en esa zona del país.

El superintendente comentó que la fiscalización a esta firma se ha agudizado, en particular tras los acontecimientos de las últimas semanas, donde se produjo un complejo evento de turbiedad que afectó a Chañaral, así como la detección de hidrocarburos en las redes que abastecen a la comuna de Freirina.

Bruna precisó que a raíz de este mayor control, el año pasado cursaron multas por más de $ 458 millones, mientras que en 2015 éstas totalizaron $ 228 millones, En lo que va de este año, en tanto, la firma ya ha recibido sanciones por más de $ 340 millones.

Añadió que además de pedir la ejecución de inversiones por $ 6.000 millones, las más altas en su historia, establecieron un equipo especial para monitorear el cumplimiento de esos trabajos.

En la misma sesión el presidente de Econssa, Juan Carlos Latorre, calificó como inaceptables los hechos protagonizados por esta firma e informó que el directorio de la estatal le exigió a la firma ligada a Icafal e Hidrosán la renovación de toda su plana ejecutiva, para mejorar la relación y la gestión.

Advirtió el ex diputado la complejidad de poner término anticipado al contrato de Aguas Chañar, porque sus cláusulas de término son pocas y muy específicas y esto podría implicar el pago de indemnizaciones, al tiempo que podría ser muy complejo volver a adjudicar esta zona de concesión, la que calificó como la más compleja del país por el cambio en las condiciones de abastecimiento.

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