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Presidenta encabeza ceremonia de celebración de la Ley de Agua Potable Rural

La nueva legislación regula los servicios sanitarios rurales, beneficiando a cerca de un millón 700 mil personas.

Hasta la Cooperativa de la Islita Santa Margarita, en la comuna de Isla de Maipo, llegó la Presidenta Michelle Bachelet, acompañada por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y de Agricultura, Carlos Furche, para participar de la ceremonia de celebración de la Ley de Agua Potable Rural.

Entre los principales aspectos de la Ley, explicó la Jefa de Estado, se encuentran el fortalecimiento de la gestión de las organizaciones comunitarias, preservando con ello el carácter participativo y comunitario de la gestión.

Además, establece los derechos y las obligaciones de las organizaciones comunitarias, así como los derechos y obligaciones de los socios, sustentados en los conceptos de solidaridad entre socios y usuarios y de no discriminación respecto del servicio sanitario rural, consigna la nota publicada por la Presidencia.

Además, protege los territorios hoy día atendidos por las organizaciones comunitarias, para que sean ellas solamente quiénes presten servicios en dichos territorios y no puedan ser utilizados por empresas con fines de lucro.

“Serán los propios los dirigentes y las comunidades, que han estado presentes a lo largo de todo el desarrollo de este proceso, los encargados de velar para que esta ley siga avanzando y dé sus mejores resultados. Porque a través de los Consejos Consultivos Nacionales y Regionales, podrán orientar e impulsar las políticas de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales”, aseguró la Mandataria.

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Además, agregó la Presidenta, crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que internaliza la Gestión de Proyectos y la Asesoría y Asistencia en la Dirección de Obras Hidráulicas, actividades hoy desarrolladas por las unidades técnicas de las empresas sanitarias mediante convenios.

Además se establece que el otorgamiento de licencias es indefinido, pero está sujeto a evaluación de acuerdo con las exigencias establecidas por la ley, de tal manera que se resguarde el adecuado funcionamiento del sistema y del territorio en que operan.

“Con esta Ley garantizamos que los más de 1.700 Sistemas de Agua Potable Rural que existen en nuestro país, y los muchos más que vendrán, continuarán dando sus servicios a cientos de miles de familias a lo largo de Chile, familias que valoran y protegen su gestión comunitaria, sin fines de lucro y participativa”, señaló.