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Estévez: “Se han dicho frases al voleo, sin fundamento y que invitan al engaño en torno a la reforma al Código de Aguas”

La autoridad aseguró que las modificaciones en curso permitirán a la DGA investigar, monitorear y fiscalizar la calidad de las aguas; contar con mejores herramientas frente a sequías severas y mejorar el control de las extracciones, entre otros.

(El Día) En el Senado se encuentra actualmente el debate en torno de la Reforma al Código de Aguas, proyecto que cuenta con suma urgencia y que plantea cambiar, por primera vez en varias décadas, las bases de la gestión del recurso hídrico en Chile.

Si bien de un tiempo a esta parte los regantes de la región de Coquimbo se han empeñado en dar a conocer su descontento con una reforma que según ellos, no los beneficia, esta semana el Director General de Aguas, v, salió al paso de una serie de dichos y afirmaciones que, según la autoridad, carecen de fundamento y denotan “que los regantes no han leído en profundidad el escrito legal”, afirmó.

Los regantes de la región han cuestionado de sobre manera la reforma al Código de Aguas, en parte porque aseguran que se les quita un derecho de propiedad que ostentan desde la Colonia, o que hay algunos puntos que dejan vacíos legales que pueden generar problemas de interpretación de la ley para más adelante, ¿cómo responden a estos emplazamientos?

“Toda reforma legislativa puede conllevar incertidumbre. Sin embargo, eso no da derecho a decir frases al voleo, sin fundamento que invitan al engaño. Por ejemplo, las juntas de vigilancia han dicho que si bien el proyecto facilita los procesos de regularización de usos antiguos para poder transformarlos en derechos indefinidos o perpetuos, cuestionan que sólo se den 18 meses para hacerlo y los recursos sean insuficientes, ya que, señalan, habría 400.000 casos de esta naturaleza sin resolver”.

“Es evidente que después de 35 años la norma vigente no ha cumplido con su propósito y no nos gusta que otra persona pueda regularizar e inscribir a su nombre derechos de un tercero que se encuentren debidamente inscritos. No creo que haya mayor incertidumbre para el derecho de dominio sobre un derecho de aprovechamiento que eso. Luego, la modificación precisa que lo que se regulariza es un uso, pudiendo consultarse previamente a la organización de usuarios, para ser reconocido como un derecho. En ninguna parte se dice que tendrán un plazo de 18 meses para poder regularizar. De hecho, el artículo 1° transitorio, en su inciso 3°, expresa que “sólo podrán iniciarse dentro del plazo de cinco años”. Es decir, no son 18 meses para regularizar, sino cinco años para ingresar los antecedentes e iniciar el procedimiento. Además, la cifra de 400.000 casos para ser regularizados es un invento, no existe ningún estudio que así lo concluya, sin embargo, los 2.750 millones extras que se disponen para facilitar 50.000 expedientes, se debieran utilizar en un modo importante en procesos colectivos de regularización que inicien las juntas de vigilancia, canalistas y demás organizaciones de usuarios. Si en promedio los expedientes incluyeran a 10 titulares, los números sobrepasarían esas cifras que cuestiono”.

Los agricultores dicen que en definitiva, la agricultura se podría ver afectada con esta reforma, ¿cuál es la valoración del gobierno frente a esta postura?

“Sorprendentemente las grandes organizaciones de regantes de Coquimbo afirman, en un inserto titulado “Reforma al Código de Aguas: ¿quién miente?” varias imprecisiones o directamente falsedades, además de algunas ya mencionadas. Señalan, por ejemplo, que se elimina la disposición como atributo del dominio y agregan que sus derechos se precarizan al ser convertidos en concesiones temporales, pudiendo ser extinguidos por un funcionario de turno. Es decir, no han leído el texto del articulado que acaba de ingresar a la comisión de agricultura del Senado.

No sólo no se elimina el atributo de disposición, sino que se establece en el articulado permanente del Código de Aguas, que “el titular de un derecho de aprovechamiento inscrito podrá disponer de él con los requisitos y en las formas prescritas en este Código y demás disposiciones legales”. No puede estar más claro. Además, toda vez que prácticamente no hay disponibilidad en la región para nuevos derechos de aguas, no habrán derechos nuevos de carácter temporal y, por cierto, los derecho antiguos mantendrán su característica de indefinidos en el tiempo, es decir, sin límite temporal, tal como lo dice expresamente el artículo primero transitorio del proyecto de ley, el que, además, no dice lo que señalan en su inserto. Baste leer el texto aprobado por la comisión de recursos hídricos del Senado”.

Otra de las incertidumbres es la razón detrás de quitar capacidad de gestión a las Juntas de Vigilancia, en vez de empoderarlas…

“Nunca hemos dicho que los regantes no aprovechan responsablemente las aguas. Hemos sostenido exactamente lo contrario. No son los regantes quienes poseen grandes cantidades de derechos que nunca han utilizado. Hemos señalado que los derechos ociosos o de usos especulativos tendrán un plazo para construir sus obras de aprovechamiento o los perderán. Sin embargo, aparecen juntas de vigilancia defendiéndolos. Nunca he logrado entender esto último. Es evidente que los agricultores cuentan con sus obras para sacarle provecho a las aguas sobre las cuales tienen derecho. Sabemos que los agricultores utilizan el agua y construyen sus obras, aquéllos que deben preocuparse son los que tienen derechos de agua sin usar y que esperan el momento de mayor estrés hídrico para poner los derechos de agua a la venta”.

LA VALORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN POS DE LA REFORMA

Entonces, ¿cuál es el argumento de la actual administración que impulsa la reforma al Código de Aguas?

“La gestión es una derivada de la gobernanza y ésta dice relación con la información, la investigación, el marco regulatorio, la organización y otros componentes, es decir, un articulado no resuelve por sí solo ese desafío, pero ayudaría el que no se convierta en un obstáculo.

Los dos proyectos de ley que reforman el Código de Aguas, buscan plasmar que el recurso hídrico es un bien nacional de uso público de carácter multifuncional, cuyo marco regulatorio debe ajustarse para responder a la nueva realidad del recurso hídrico ante un escenario de cambio climático, demográfico, económico, cultural, político e hidrológico.

Las modificaciones en curso permitirán a la DGA investigar, monitorear y fiscalizar la calidad de las aguas; contar con mejores herramientas frente a sequías severas, mejorar el control de las extracciones, fortalecer la atribución fiscalizadora y la capacidad de sancionar con multas realmente disuasivas el incumplimiento de la instrucción de modificar la operación de embalses en mal estado o incluso demolerlo, como el ejemplo del tranque La Paciencia en esta región; también la posibilidad de proteger la sustentabilidad de los acuíferos. En fin, todas estas normas contribuyen a una mejor gobernanza de las aguas”.

¿Cuáles son las ventajas que traería aprobar esta reforma tal como está ahora?

“Quizás convenga preguntarse ventajas para qué o quién. La reforma en curso recoge la consagración en julio de 2010 por Naciones Unidas del derecho humano de acceso al agua potable al saneamiento. En Chile más de un millón y medio de personas tienen mal resuelto el derecho de saneamiento aún y casi medio millón respecto al acceso a agua potable. Los que dicen que las cosas hay que dejarlas tal cómo están son los que tienen bastante resuelto su problema. Luego, las normas de protección de cauces y acuíferos, buscan darle sostenibilidad al aprovechamiento de las aguas y que unos pocos no maten hoy las posibilidades de las generaciones venideras. Así, por ejemplo, en términos de áreas de importancia patrimonial y ambiental para la región de Coquimbo, se incorpora la protección de los acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales andinos”.

“He escuchado críticas recientes y por escrito de algunos regantes de la zona, que enseñan la triste realidad de que no leen en profundidad el articulado en debate. Si alguien señala que la discusión es ideológica, entonces debe hacerla más fenomenológica, es decir, basarla en hechos y, en un proyecto legislativo, el principal hecho es el texto del articulado”

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