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Weisner critica al nuevo Código de Aguas por posible “desvalorización”

El también ex Director General de Aguas entre 2006 y 2010 señaló que hay muchas propuestas con las que los agricultores están de acuerdo, pero que debe haber mayor claridad en su redacción para que no haya espacio para dobles lecturas a futuro.

(El Día) Actualmente se debate la Reforma al Código de Aguas en el Senado, proyecto que cuenta con suma urgencia, y que entre sus artículos, plantea la caducidad de los derechos de aguas para convertirlos en concesiones. Además se propone un plazo de 18 meses a 3 años para la regularización de derechos de agua con posterioridad a la promulgación de la ley o esos derechos pasarán a manos del Estado.

Estas medidas, aseguran los regantes de la región de Coquimbo, afectan a la agricultura, ya que de contar con una concesión por un período determinado, los horticultores no podrían disponer del agua como garantía ante las entidades financieras.

Con todo, los principales focos de discrepancia están en la caducidad de derechos de agua cuando no se usen y los plazos para regularizar los derechos de aguas con posteridad a la promulgación de la ley. “El plazo para regularización y la complejidad de estos procesos pone en riesgo a los agricultores más pequeños que no tienen sus derechos regularizados”, han dicho.

Al respecto, Rodrigo Weisner, abogado asesor de las Juntas de Vigilancia de Choapa e Illapel y ex Director General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas entre 2006 y 2010, señaló a diario El Día que hay muchas propuestas con las que los agricultores están de acuerdo, pero que debe haber mayor claridad en su redacción para que no haya espacio para dobles lecturas a futuro.

– ¿Qué propone la Reforma al Código de Aguas y con cuáles puntos están en desacuerdo los regantes de la región?

“Propone varios cambios, entre ellos cambiar un régimen de derecho de propiedad perpetuo, que ha sido hasta el día de hoy un estatuto permanente desde 1800 hasta la fecha, 214 años de vigencia, a un sistema de concesiones temporales de hasta 30 años, que puede ser prorrogable, pero finalmente, temporal. Es un cambio a un régimen distinto, un cambio bien dramático en la concepción del derecho de propiedad”.

La primera inquietud que surge de los agricultores es por qué. Y la respuesta es hacer más eficiente el uso de las aguas y resguardar el carácter público de las aguas. Sin embargo, no tiene mucho sentido. Y lo que queda en los agricultores es que hay una concepción finalmente de principios, de convicciones ideológicas que están impulsando esta reforma. Más que solucionar un problema concreto, es una cuestión de principios. Los que impulsan la reforma, creen que la propuesta es mejor. Y el por qué sigue quedando poco claro”.

El otro cambio importante es el tema de los traspasos entre sectores de derechos de agua. Hoy por ejemplo, si un agricultor decide vender sus derechos, hoy no necesita informar o pedirle permiso a nadie, y con la reforma se propone que este tipo de acciones se le deben informar a la Dirección General de Aguas, y si a juicio de la autoridad el cambio tiene afectaciones o produce algún impacto, puede disminuir el traspaso de un sector a otro. Eso a los agricultores les preocupa porque desvaloriza sus derechos de agua.

La última preocupación es el debilitamiento a las Juntas de Vigilancia. En épocas de sequía, las organizaciones de usuarios -sobre todo en la cuarta región- han resuelto el problema de la escasez. Y la reforma propone pasar de un sistema de reasignación de las organizaciones de usuarios, a imponerles la obligación de tener que presentar un plan de distribución a la DGA, entonces nuevamente es una carga extra y burocrática. La pregunta vuelve a ser por qué, ¿acaso lo han hecho mal? Ellos creen que no”.

– Entonces, ¿esperan que el Código se mantenga como está ahora?

“No necesariamente, ya que creen que hay detalles de la reforma que son positivos, como la simplificación de los trámites para los comités de agua potable rural para constituir sus derechos, el reconocimiento de los glaciares como bienes nacionales de uso público, la simplificación de los trámites para regularizar los usos inmemoriales, la consagración de que el consumo tiene prioridad sobre todos los otros usos, pero puesto en una balanza, son más las cosas malas que las buenas. La posición de los regantes es que es necesario mejorar cosas que no están presentes en esta reforma, como por ejemplo fortalecer las organizaciones de usuarios de agua, en vez de debilitarlas, darles más atribuciones y responsabilidades”.

– ¿Cuál es la posibilidad real de lograr los cambios que los regantes buscan?

“La posibilidad real es incierta, porque ellos han expuesto una y otra vez cuáles son sus preocupaciones, las han dicho en concreto, en reuniones de cinco horas, artículo por artículo, y la verdad es que la reforma sigue avanzando y continúan los mismos términos que a los agricultores preocupan. Yo percibo un ambiente de pesimismo frente al tema entre los empresarios agrícolas”.

– ¿Cómo se vería afectada la agricultura, de aprobarse el Código con la reforma actual?

“En general, cuando se debilita cualquier derecho de propiedad, hay una desvalorización del bien. Aquí lo que sucede es que se desvaloriza un bien que ha sido por siglos, propiedad de los agricultores. Por otro lado, la caducidad por no uso es una preocupación para ellos. Todas estas cosas hacen que lo que finalmente pidan los agricultores sea calma, detenerse para escuchar todas las posiciones, resolver las dudas pendientes y preparar una buena ley para todos. Por eso también se pide que se le quite la suma urgencia al proyecto”.

– ¿A qué países hay que mirar para imitar buenas prácticas internacionales?

“En Chile en general el derecho de propiedad sobre las aguas, que es una invención que viene desde la Colonia, es un modelo que ha permitido tener un desarrollo agrícola importante. Tenemos un sistema de organizaciones privadas donde los propios usuarios gestionan las aguas, donde las directivas se eligen democráticamente los mismos regantes, no el Estado, una práctica bien mirada a nivel mundial. Yo diría que funciona bien que el Estado tenga un rol más activo, cuando se tiene una estructura con profesionales bien dotados y en un sistema de transparencia. Sin embargo si se quiere empoderar a este Estado sin otorgar los supuestos necesarios, la posibilidad de fracaso es altísima”.

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