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Bruna identifica desafíos del sector con foco en el cambio climático y en los ciudadanos

El superintendente de Servicios Sanitarios ofreció una masterclass, organizada por la Escuela del Agua, en las dependencias de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Adaptación al cambio climático, relación con la ciudadanía y continuidad en el servicio de agua potable son los principales desafíos que presenta el sector, según el superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna.
“Chile, en materia sanitaria, hoy se encuentra al nivel de países de alto desarrollo de la OCDE. Las empresas invierten anualmente US$350 mil al año, en tratamiento de agua potable y de alcantarillado. Pero a pesar de tener un sector de clase mundial, tenemos desafíos”.

Así lo aseguró la autoridad, en el marco de la masterclass “Regulación de servicios públicos sanitarios en Chile, logros y desafíos” dictada en las dependencias de la Universidad Adolfo Ibáñez.

A través de esta instancia, expuso la mirada de la Superintendencia en torno al escenario que vive hoy la industria y analizó los retos que se presenta a corto y largo plazo.

Por un lado, reflexionó sobre los efectos del cambio climático, destacando los fenómenos de hidrología donde pasamos de periodos de escasez a periodos de superávit hídrico y las altas turbiedades que afectando a varias zonas del país.

“Tenemos que hacer más resiliente el servicio y con ello las ciudades”, recalcó.

En este sentido, Bruna valoró las inversiones que está llevando a cabo las empresas del sector, mediante US$637 millones invertidos en obras que van desde Arica a Aysén, lo que a su juicio se traduce “en que las compañías se están haciendo cargo de los problemas”.

A lo anterior agregó que mientras las obras no se concreten, el cambio climático seguirá dando problemas, “por lo que es prioritario atender a los usuarios”.

Además, sugirió un plan de suministro alternativo de agua potable en caso de emergencias. “Les aseguro que esto funciona bien si incorporamos a los usuarios”, matizó.

Declaró que desde la Siss trabaja en un plan respecto a los sistemas de distribución de emergencia con el fin de aplicarlo y ser considerado una oportunidad en la relación que se establece con la comunidad.

Ciudadanos empoderados

Por otro lado, el superintendente indicó la ciudadanía demanda otros atributos del servicio. Ante lo que invitó a los representantes de las empresas asistentes a buscar más sustentabilidad económica, social y medioambiental para el sector.

“Los ciudadanos buscan un servicio continuo, de calidad, que se de a precio justo. Pongan a los usuarios en el centro de la compañía, ya que somos empresas de servicios hacia las personas”, expresó.

En este contexto, rescató que las organizaciones están incorporando dentro de sus motores de gestión la percepción de las personas, esa es una innovación del siglo XXI.

Continuidad en la operación

En relación a los cortes del servicio de agua potable que se han dado en el último periodo en el sector, declaró que hay compañías que en varias ocasiones tienen interrupciones del servicio y otras, que a pesar de contar con mejores redes, deben mejorar su prestación.

“Algunas empresas están aumentando sus compromisos de reposición de redes de distribución, otras compañías están presentando planes para aumentar su infraestructura, otras van más allá y han presentado planes de inversión en tecnologías muy avanzadas”, dijo.

Bruna añadió que la Superintendencia espera aumentar su visibilidad con una presencia mayor en torno a un regulador sectorial.

Al mismo tiempo, comentó que el organismo se encuentra definiendo protocolos de acción de las empresas frente a cortes reiterados y un nuevo esquema de sanciones que pronto dará a conocer.

Logros del sector

Asimismo durante su exposición, Bruna destacó los avances logrados por el sector en las décadas pasadas, especialmente los conseguidos tras instaurarse en Chile el modelo de privatización.

En esta línea, manifestó que el proceso transformador fue relevante y emblemático, y lo definió como un ejemplo de políticas sanitarias a nivel mundial.

“La privatización recaudó US$ $3.552 millones y el modelo buscó consolidar el rol regulador y fiscalizador del Estado”, afirmó.

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