1,5 millones de chilenos viven sin tratar sus aguas servidas y hay 500 mil sin agua potable

Afectados denuncian que proyectos de regularización son excesivamente demorosos. Hay comunas completas, como Tortel o Quemchi; esta última, hace días vivió una masiva intoxicación.

(El Mercurio) Juntando el agua de lluvia que escurre de sus techos, hundiendo baldes en un pozo o acarreando bidones, tambores y botellas con agua.

Ni pensar en una ducha o hacer funcionar una máquina para lavar ropa. Así viven, en mayo de 2017, cientos de miles de chilenos. Entre 300 mil y 510 mil, según la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, cuyo último catastro es de noviembre de 2015. Sobre el amplio margen de su estimación, la DOH-MOP dijo que se debe a “las diferentes formas de definir una localidad rural”.
Según esa cartera, el 99% de las localidades semiconcentradas (mínimo 80 habitantes y a lo menos ocho viviendas por cada kilómetro de la futura red de agua potable) cuenta con suministro por sistemas de Agua Potable Rural (APR).

Pero quienes no pasan ese estándar siguen careciendo de servicio. Y a ellos se suman las más de 200 comunas que, afectadas por déficit hídrico, son abastecidas por camiones aljibe, y hasta por barcazas con tambores.

Resulta lógico decir que este grupo no cuenta con alcantarillado. Malamente podrían tenerlo sin agua potable.
Y, sin embargo, de entre quienes cuentan con sistema APR hay un millón 459 mil personas que viven sin ningún tipo de saneamiento para sus aguas servidas.

O sea, el 88% del casi 1,7 millones de chilenos que tienen este tipo de agua potable en los campos y zonas rurales del país.
Entre los que viven este problema hay localidades turísticas, como Quemchi, en Chiloé (2 mil habitantes), que se abastece desde un servicio APR y que en marzo estuvo 15 días sin suministro tras una intoxicación masiva por coliformes fecales en el agua.

O comunas pequeñas, como la bella Tortel (600 habitantes), conectada por pasarelas de ciprés, cuyo aroma impregna el poblado la mayor parte del año, pero donde en verano, cuando el calor arrecia y los turistas hasta cuadruplican su población, la situación cambia.

El saneamiento “está en tierra de nadie”, dice la presidenta de la Federación Nacional de APR (Fenapru), Gloria Alvarado, quien advierte que muchos terrenos “cada vez más pequeños ya no tienen espacio para más pozos negros. Muchos evacuan hacia predios vecinos o filtran contenido a las napas subterráneas”, dañando los acuíferos.

Y aunque la nueva ley, ya promulgada y a la espera de reglamento, “incorpora el saneamiento, esperamos que mejore la asistencia y la asesoría y que haya más inversión, porque el costo de instalación y operación es 4 o 5 veces superior al APR”, explica la dirigenta.
Desde 2010, la Organización de Naciones Unidas “reconoce como un derecho humano el acceso al agua potable y al saneamiento”, recuerda Alvarado.

Tortel, que ha vivido de la madera, la leña y la pesca, mira al turismo como una forma de reconvertirse, explica el alcalde, Bernardo López. Pero además del mal olor estival, sin saneamiento no hay permisos sanitarios para atender visitantes.

“Tenemos APR. El problema es el alcantarillado. Nos hemos demorado 12 años. Se necesitaba una tecnología que no existe en Chile. La fuimos a buscar a Estados Unidos. No tenía norma sanitaria; la pedimos, y el Estado demoró ¡cuatro años en dárnosla! Tuvimos que ir al CMN, porque somos Zona Típica. ¡Un año más! Ahora esperamos los $8.900 millones que aprobó el gobierno regional”, cuenta López.

“Nos reconforta” -afirma el alcalde- el que el sistema podrá resolver el problema de localidades de similares características, “donde el Estado de Chile no ha sido capaz de entregarles soluciones”.
Consultados por esta situación, en la DOH-MOP declinaron hablar para este artículo.

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